En una interview, que publicó «Puerto Rico Ilustrado» el 13 de septiembre de 1913, decía yo a mi interlocutor el joven y brillante literate Luis Sámalez Iglesias:
«Desde el Tratado de París a la aprobación de la Ley Foraker, por un período de dos años, Puerto Rico estuvo bajo la soberanía de los Estados Qnidos: desde que el Congreso ejerciendo la potestad que le otorgó el Tratado, organizó el Pueblo de Puerto Rico, fundó la ciudadanía de Puerto Rico, instituyó un nuevo pats con un gobierno especial en el
derecho de gentes, existe la nación puertorriqueña.»
Poco después, en mi discurso para las Conferencias de Lake Mohon, exponía:
«Es indudable, Señores, que, con arreglo al art. 11 del Tratado de París, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo plena soberanía sobre Puerto Rico fue una posesión de los Estados Unidos, desde el canje de las ratificaciónes del Tratado, 10 de abril de 1899, hasta el 1.° de mayo de 1900, en que comenzó a regir la Ley Organica aprobada en 12 de abril de aquel año. Pero es indudable también que, cuando el Congreso, en el uso de las facultades que le confirió el Tratado, definió al status de los puertorriqueños, fundó nuestra ciudadanía, organize nuestro Gobierno un nuevo pueblo fue creado y una nueva entidad apareció en el derecho de gentes. El Congreso pudo hacer y no hizo a los habitantes de nuestra Isla dudadaños de los Estados Unidos, pudo anexar y no anexo nuestro territorio a la unidad federal: el Congreso prefirió levantar por segitnda vez una Nación en las ondas del Mar Caribe, jundando el "Pueblo de Puerto Rico, como antes habia gloriosamente fundado la República de Cuba.
En el derecho público moderno, ciudadanía y soberanía son conceptos recíprocos e inseparables, siendo la soberanía el poder que emana de la ciudadanía y ésta la única fuente de la soberanía.
Pueden existir países, como Nueva Zelanda, dotados de un amplísimo régimen autonómico, pero sujetos a la eminente soberanía de la Metrópoli, por el lazo fundamental de la ciudadanía. Puerto Rico es en su régimen interior, fuera de toda medida menos autónomo que Nueva Zelanda, pero no es colonia y es soberano, ante el derecho internaciónal, porque disfruta de su propia ciudadanía y fue instituido como un cuerpo político, por la autoridad del Congreso de los Estados Unidos.
Esta doctrina se mantiene con absoluta pureza, más que en ninguna otra parte, en los Estados Unidos, que asientan toda la máquina de su Gobierno en la única base de la soberanía popular. Los Estados Unidos no ejercen una verdadera soberanía sobre Puerto Rico, porque los puertorriqueños no son ciudadanos de los Estados Unidos, y en el Pueblo de Puerto Rico reside la soberanía sobre los puertorriqueños, como una indeclinable consecuencia de ser ellos ciudadanos de «E1 Pueblo de Puerto Rico».
Estas ideas, que tanta expectación produjeron en Puerto Rico y en los Estados Unidos, aparecerán clarísimás a todo el que medite un poco sobre la materia, y quiero explanarlas un poco más aquí, porque eminentes personalidades de nuestra Isla juzgan, con tremendo error, trivial e indiferente la imposición de la ciudadanía americana a los puertorriqueños, cuando tal vez las tentativas de esa imposición no provengan de otra causa sino de la verdad manifiesta en mi citado discurso.
El principio de la reciprocidad entre la soberanía y la ciudadanía, entrevisto acaso por el derecho de Roma en el Edicto de Caracalla, no fue alcanzado por las instituciones de la antigüedad, cuando la guerra daba al vencedor absoluto señorio sobre los territories conquistados y los pueblos vencidos.
Pero, como uno de los frutos más delicados de aquella potente germinación de nuevas ideas reaccionantes en las postrimerías del Renacimiento, asomó el concepto de que no hay soberanía legítima sino emanada de la voluntad del pueblo, cada individuo delegando su potestad alícuota en la del Soberano y participando de la soberanía por el título de la ciudadanía libremente aceptada.
Fue Rousseau el que mejor explicó esta doctrina, entre los filósofos y escritores de la época, particularmente en el «Contrato Social», que tanto influyó en la concepción democrática de la sociedad civil, siendo aquella doctrina la más pura y firme base del derecho público moderno, en Europa y America.
Lo que no hay en los Estados Unidos, parece que no está en el mundo, según el peregrino pensar de los americanizantes, y aun de muchos que alardean de una visión más completa de la humanidad, en Puerto Rico. Para unos y otros, he de referirme especialmente a los Estados Unidos, donde en esta, como en otras múltiples cuestiones, se ha seguido y aplicado el pensamiento europeo, sin dejar de reconocer el genio de Hamilton como el más luminoso investigador y fundador del principio de las federaciónes políticas.
Van Dyne, en su obra «Citizenship of the United States» presenta un acabado resumen de la doctrina que admiten y desarrollan los más conspicuos tratadistas americanos y que, tal vez con más precisión que ninguno de ellos, sustentan y explican los Tribunales de los Estados Unidos.
«La soberanía ha sido transferida por cada hombre al cuerpo colectivo del pueblo.»
(State vs. Manuel, 1838, 4 Dev. & B. L.—New Carolina— 26 quoted U. S. vs. Rhodes, 1866, L. Abb, U. S.—39, 27 Fed. Gas. Nums. 16 y 15).
Lo más notable, por la sencillez profunda de la expresión, lo encuentro en el célebre caso de Dret Scott vs. Sanford, 1856, 19 How, U. S., 393, así:
«Las frases «Pueblo de los Estados Unidos» y «Ciudadaños» son términos sinónimos, puesto que ambas definen el cuerpo político que, de acuerdo con nuestras instituciones repúblicanas, compone la soberanía que sostiene el poder y dirige el gobierno por medio de sus representantes».
Consagrado este principio en el derecho interno, los tribunales de justicia parecieron vacilar en admitirlo de plano para las relaciónes exteriores; pero, hasta cuando se inclinaban a la caduca regla imperialista de que la alianza o fidelidad del conquistado transferíase forzosamente del antiguo al nuevo soberano, respetaban el derecho individual de retener la primitiva nacionalidad.
(Ingles vs. Sailors Snug Harbour, 3 Pet. 99, 7 L. ed. 617; Leitensdorfer vs. Webb, 20 How 176; Boyd vs. Ta-yer 143 S. 135; 2 Hallock nt. law. 485).
Mas, el Gobierno de la República, con la pureza de la noción democrática, ha fijado y esclarecido muy cuidadosamente el punto de la ciudadanía en su práctica internaciónal, y en todos sus Tratados sobre transmisión de territories iba señalando y siguiendo con insistente uniformidad que la adquisición de la ciudadania de los Estados Unidos naciera, a la vez, por modo ostensible de una estipulación especifica de las partes contratantes, y del consentimiento individual, para que la voluntariedad de la ciudadanía determinase la legitimidad de la soberanía, por la concurrencia y reciprocidad de ambos conceptos en el derecho público.
Por el Art. 2 del Tratado de 1794, entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, se estatuyó que los súbditos ingleses residentes en Detroit, antes y al tiempo de la evacuación de Michigan, siempre que permanecieran en el territorio sin optar, dentro de un año, por la naciónalidad inglesa, se convertirían «ipso facto» en ciudadanos de los Estados Unidos.
En el Tratado de 1803, cuando el Imperio francés cedió la Lousiania a los Estados Unidos, se declaró que los habitantes del territorio gozarian de todos los derechos e inmunidades de ciudadaños de la República, tan pronto como fuera posible, de acuerdo con la Constitución federal.
Capitulación idéntica contiene el Tratado de 1819 con España, sobre cesión de la Florida.
El Art. 8 del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, dice literalmente:
«Los mejicanos establecidos en los territories que antes pertenecieron a Méjico, si permanecen en ellos optaran, en el termino de un año posterior al canje de ratificaciones, entre la ciudadanía de los Estados Unidos y la mejicana; pero los que continúen en dichos territorios, después de expirado el año, sin declarar su intención de conservar su carácter de mejicanos, se entenderá que eligen la ciudadanía de los Estados Unidos.»
El Art. 5 del Tratado de Oadsden, también con Méjico sobre cesión de Arizona, aplica a este Tratado el Art. 8 del anterior.
El de 1867, con Rusia, para la adquisición de Alaska, en su Art. 3, dispone:
«Los habitantes del territorio cedido, que opten por conservar su natural ciudadania, podrán trasladarse a Rusia, dentro del período de tres años: más aquellos que prefieran permanecer en el territorio cedido (excepto las tribus nativas no civilizadas) disfrutarán de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadaños de los Estados Unidos, y se les mantendrá y protegerá en el pleno goce de su libertad, propiedad y religión. Las tribus no civilizadas quedarán sujetas a las leyes y reglamentos que los Estados Unidos adopten respecto a las tribus aborígenes de aquel pafs.»
En la interpretación de estas convenciónes, los Tribunales americaños aplicaron y explicaron en su mayor amplitud la doctrina consignada, siendo muy significativa la declaración de la Corte de Circuito, en el caso de Tobin vs. Wolkin shaw (Me. All 186 Fed. Gas. N. 14070), con referencia al Tratado de Guadalupe-Hidalgo:
...«Si ellos (los habitantes de los territorios cedidos) no hubieran continuado siendo ciudadanos mejicaños, ni se hubieran hecho ciudadanos de los Estados Unidos, un pueblo en mása estaria privado de sus derechos civiles. NO HUBIERAN TENIDO NINGÚN STATUS COMO CIUDADANOS, NO DEBERÍAN FIDELIDAD Y HUBIERAN QUEDADO EN LA ANÓMALA POSICIÓN DE UN PUEBLO SIN PATRIA».
Véase y entiéndase bien como el Tribunal hace derivar la FIDELIDAD, esto es (en su correspondencia con el poder político), la soberanía de la ciudadanía y aun llega en honda síntesis a equiparar el concepto de la ciudadanía con el concepto de la Patria.
De golpe, esta política internacional suspéndese y varíase en el Tratado de 1898, entre España y los Estados Unidos, con respecto a la cesión de Puerto Rico y Filipinas.
El art. 8 de este Tratado preceptúa que los súbditos españoles NACIDOS en la Península podrían conservar su ciudadanía española, dentro de un año después del canje de ratificaciones y, en su defecto, se entendería que renunciaban a aquella ciudadanía y adoptaban la nacionalidad del territorio de su residencia. Y, subsecuentemente, en el Art. 9 se concierta que los derechos civiles y status políticos de los habitantes NATIVOS de los territories cedidos serían determinados por el Congreso de los Estados Unidos.
Véase y entiéndase bien como el Tratado de París NO CONTIENE, como los anteriores Tratados, ESTIPULACIÓN ALGUNA PARA LA ADMISlÓN DE LOS HABITANTES DE LOS TERRITORIOS CEDIDOS COMO CIUDADANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, sino que su condición política se deja a las determinaciones del Congreso.
El Congreso, en el ejercicio de esa potestad, fundó EL PUEBLO DE PUERTO RICO y la CIUDADANÍA DE PUERTO RICO, por la ley aprobada en 12 de abril de 1900.
Con estos antecedentes, y con la noción más superficial de hermenéutica o exégesis jurídica, estólido y ciego será quien no comprenda que, sin la ciudadanía de los Estados Unidos falta el lazo de fidelidad de los puertorriqueños a los Estados Unidos y, por tanto, el fundamento de la soberanía de los Estados Unidos sobre los puertorriqueños; que la ciudadanía de Puerto Rico, sustentación de la entidad «Pueblo de Puerto» salió levantando una nueva nacionalidad en el derecho de gentes, una nacionalidad separada de los Estados Unidos, cualesquiera que sean el origen y la trabas de nuestro Gobierno en una especie de protectorado despótico. Puerto Rico es YA un pueblo de propia soberanía limitada e intervenida por un gobierno extranjero: cuando esa limitación desaparezca, el Pueblo de Puerto Rico habrá CONSOLIDADO, no adquirido sin necesidad de declaración alguna por parte del Congreso de los Estados Unidos, su plena personalidad de nación independiente.
El Tratado de París no demuestra ni implica que los Estados Unidos hayan para siempre desistido de su anterior política internacional, continuada en la ley de 30 de abril de 1900, tras la anexión de Hawai, al declarar que todas las personas que eran ciudadanos de la República de Hawai en 12 de agosto de 1898 quedaban conversas en ciudadanos de los Estados Unidos.
Los preceptos del Tratado de París y de la Ley de 12 de abril de 1900 constituyen una excepción, una consideración especialísima del caso de Filipinas y Puerto Rico, con el meditado propósito de no anexar estos pueblos a los Estados Unidos, sino apartarlos como naciones separadas aunque temporalmente intervenidas por el Gobierno de la República.
Pero, al instante en que el Congreso decrete una Ley declarando a los puertorriqueños colectivamente ciudadanos de los Estados Unidos, en el mismo instante se habrá impuesto la fidelidad, en el mismo instante se habrá manifestado la soberanía, en el mismo instante se verificará la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, en el mismo instante, cual establece la sinonimia formulada en el caso de Dred Scott vs. Sandford, los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos formarán parte del Pueblo de los Estados Unidos.
La ciudadanía de Puerto Rico es como la divinidad eucarística de nuestro ideal: el puertorriqueño que, después de estudiar y conocer tales principios, abra los labios para admitir, para solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos, abjura del ideal, y comete la herejía de escupir con sus propios labios el sacramento de su Patria.