Monday, January 26, 2015

La representación de la minoría en la democracia puertorriqueña y su contraste con otras democracias del mundo

(Este trabajo fue parte de una investigación hecha el semestre pasado para el Taller de Gobierno y Política Pública de la Escuela de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico)

            Bajo el sistema de la Ley Foraker no existió ninguna disposición que designara el procedimiento a seguir en caso de una vacante legislativa. Como vimos anteriormente, el Partido Federal a pesar de su resarcimiento en las elecciones de 1902 lograron ganar dos distritos para un total de 10 delegados. En el año 1904 José de Diego y otros nueves delegados solicitaron una orden de mandamus al tribunal para que obligara a la Cámara de Delegados a llevar unas vacantes.[1] De Diego argumentaba que la sección 210 del Código Político vigente en la época y aprobado en el binomio anterior disponía que después de cinco días ausentes corridos se tenía que expulsar el delegado. El Tribunal Supremo denegó la solicitud basándose en que el Speaker de la Cámara de Delegados tiene la facultad de llenar las vacantes y no lo hizo, rechazando la moción solicitada por José de Diego en el pleno del hemiciclo. El Tribunal Supremo añadió que cada rama tiene la capacidad para establecer las reglas internad que regirán en el proceso legislativo de ésta.  Tampoco bajo el sistema de la Ley Foraker se disponía de una norma que garantizara la participación y representación de la minoría en el debate publico. Por eso durante esta época tuvimos el periodo de hegemonía republicana y el periodo de hegemonía unionista.

            Al no existir representación de minoría el partido en poder tenía libertad para impulsar sus programas legislativos. Más aún cuando eran el único cuerpo que representaba directamente la voluntad del pueblo a través del sufragio electoral.[2] Durante esa época a pesar del control de un solo partido la tarea fue buen cuesta arriba. Muchos de los delegados retiraban sus propuestas de tantas enmiendas que le hacía el Consejo Ejecutivo. A pesar de no contar con representación de minoría en el hemiciclo de la Cámara de Delegados, esta cámara y el Consejo Ejecutivo tenían a su disposición varios comités legislativos en donde si había representación de la minoría.[3]
           

            Una de las leyes transcendentales de gran importancia para garantizar derechos a los ciudadanos en Puerto Rico fue la ley para la representación de los partidos minoritarios[4]. La ley era para darle acceso a los partidos minoritarios a la Cámara de Delegados permitiendo que éstos tuvieran la oportunidad de llevar sus puntos de vista ante la legislatura y mantener una efectiva fiscalización sobe el proceso legislativo. El proyecto fue aprobado el 4 de marzo de 1912. Este proyecto fue de la autoría de José de Diego. El prócer señalo que este proyecto abriría las puertas de la Asamblea Legislativa a todos los combatientes en la lucha política por la dignidad y por la felicidad de Puerto Rico.

…”¿Quién puede ser culpado dentro de la pureza del derecho constitucional moderno de que un solo partido controle la asamblea legislativa?”[5]

            Antes de la aprobación de esta ley, el Partido Unión de Puerto Rico había ganado completamente la composición de los escaños en la Cámara de Delegados. Esa misma noche en un discurso elocuente expresó lo siguiente:

“Seamos justos y proclamemos y corrijamos el error del adversario, abriéndole las puertas de este Recinto, en plena paz, como se abrían las puertas de Jano para todas las gentes vencidas y vencedoras, a la terminación de los conflictos bélicos. Y conste señores, que no lo hacemos por un ridículo alarde de generosidad, que no será esta ley como dádiva concedida a los adversarios, que así será indigno nosotros el otorgarlo y de ellos el recibirlo. Estaría en nuestras manos cerrar estas puertas, las cerraríamos legalmente sí, pero injustamente. Abramos las puertas al que las cerró y entren aquí todos los hermanos, todos los correligionarios, en la suprema religión de la patria y, en estos días de crisis dolorosa, venga aquí todos a contribuir con su filial esfuerzo a la salvación de la madre puertorriqueña…”

           Las elecciones de 1913 se celebraron bajo las provisiones de la ley de minorías. En 1912 la delegación republicana electa bajo esta ley no se presentó a la Cámara de Delegados. El 28 de enero de 1913, Herminio Díaz Navarro le propuso a la Cámara de Delegados a que obligara a los delegados a acudir a la Cámara o a excusarlos.

“…Deseo que se afirme de moto categórico por la Cámara si son dueños de retirarse o deben de comparecer en cumplimiento de sus deberes cívicos a prestar su concurso a la patria que los designa.”[6]

           Esta ausencia de los delegados republicanos provocó una serie de debates interesantes en la Cámara de Delegados. Al final De Diego propuso que no se decidiese nada sobre el asunto, si los delegados de la minoría decidían venir, se les recibiría afectuosamente, si por el contrario preferían no acudir permanecerían sus asientos vacíos. La abstención del Partido Republicano en la época para los delegados de la Cámara, y en espacial para José de Diego, significa el rechazo directo del mandato de 50,000 republicanos que votaron en total por el Partido Republicano Puertorriqueño.

“Mantengamos esos puestos vacíos; si el último día de esta legislatura se presentara uno de esos delegados, nunca en mi vida habría levantado mi mano con más gusto para recibir un juramento que en aquella ocasión.”

 El proyecto de Diego para darle participación a las minorías es sin lugar a duda uno de gran importancia. Al analizar el discurso del legislador en pro de este proyecto podemos ver un extenso análisis de la historia política hasta ese momento hecha desde la perspectiva de sus ojos. La verdadera historia política de Puerto Rico según José de Diego. Este proyecto de ley de sirvió de precedente para la creación de los escaño de acumulación cabildeados por Muñoz Rivera en el Congreso.

La Ley Jones contó con disposiciones que expresaban el proceso a seguir de ocurrir una vacante legislativa en el Senado o en la Cámara de Representantes. Los escaños de acumulación se originan con la aprobación de la Ley Jones. En esa época los escaños por acumulación abrieron las puertas para que la minoría política participara del debate legislativo. Los puertorriqueños no eligieron a su gobernador a través del sufragio universal hasta el 1948, por lo tanto esos escaños de acumulación no tan solo permitieron la fiscalización de la minoría al partido de mayoría, sino también permitieron la fiscalización de la minoría al gobernador que todavía era nombrado por el presidente de los EEUU. Los puestos de acumulación al ser elegidos por lista a nivel isla, cada elector votando solamente por uno, le da la oportunidad a los que ocupan los escaños de representar una comunidad en especifico a nivel isla en vez de una comunidad de ese partido a nivel de un solo distrito.

            En las elecciones del 1948 el Partido Popular Democrático eligió los 14 senadores de lo.s 7 distritos representativos, los 35 representantes de los 7 distritos representativos, 3 senadores por acumulación y 3 representantes por acumulación.[7] Luis Muñoz Marin estaba preocupado por la composición de la Asamblea Legislativa ya que durante este periodo hubo bien poca representación de la minoría. Muñoz Marin y otros miembros del PPD querían encontrar una manera en donde la Constitución velara por los partidos de minoría. Es decir querían crear una disposición que garantizara la representación de la minoría política en el debate público. Los miembros del PPD entendían que la fiscalización de la minoría era vital para el proceso legislativo y la democracia puertorriqueña.

            El 13 de marzo de 1950, el Comisionado Residente Dr. A. Fernós Isern presentó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el proyecto para un gobierno constitucional en Puerto Rico.[8] El 31 de marzo de 1950, los senadores O’Mahoney y Butler presentaron en el Senado un proyecto análogo al de la Cámara.[9] El 3 de julio de 1950, el Presidente de los Estados Unidos firmó el proyecto creando lo que hoy conocemos como la famosa Ley 600. Las elecciones de los delegados de la Constituyente se celebraron el 27 de agosto de 1951. Como resultado de esta votación, el Partido Popular Democrático dominaría las decisiones de la Convención Constituyente, habiendo electo de su afiliación setenta delegados de los noventa y dos que fueron electos para constituir la convención.[10] De los otros veintidós delegados, quince fueron electos por el Partido Estadista y siete por el Partido Socialista.[11] El 17 de septiembre de 1951 bajo la presidencia del Hon. Roberto H. Todd Jr, juez presidente del Tribual Supremo de Puerto Rico, se celebró la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente. En esta sesión inaugural los delegados pasaron a escoger los funcionarios principales. El Dr. Antonio Fernós Isern fue escogido presidente; María Libertad Gómez, primer vicepresidente, y Víctor Gutiérrez Franqui, segundo vicepresidente y portavoz de la mayoría.

            Nos cuenta el ilustre Trías Monge que dentro del seno de los delegados en la Convención Constituyente había un grupo que favorecía la bicameralidad y otro la unicameralidad. El grupo que favorecía el sistema bicameral estaba compuesto por los delegados Muñoz Marín, Fernós Isern, Negrón López(Presidente de la Comisión Legislativa), Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones y Gutiérrez Franqui. El grupo que favorecía el sistema unicameral estaba compuesto por los delegados Benítez, Dávila, Alvarado, Mellado, y Brunet. En total se presentaron tres proposiciones acerca de la composición de la Asamblea Legislativa[12] La Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico recomendó a la Convención Constituyente que se adoptara el sistema unicameral.[13] En su informe esbozó las razones por la cual un sistema unicameral sería mejor en Puerto Rico que un sistema bicameral, argumentando en contra de los principales argumentos a favor del sistema bicameral. En síntesis el informe señala que no está comprobado científicamente que una ley se mejora al pasar por el debate en dos cámaras. La naturaleza disciplinada de los partidos políticos puertorriqueños y la creciente demanda por una mayor representación funcional y territorial podrían expresarse en forma adecuada a través de un sistema unicameral. En este argumento en especifico mencionan como bajo un sistema unicameral los puestos por acumulación se pueden aumentar significativamente para lograr una mayor representación proporcional de la isla. Mencionan que los escaños por acumulación vigentes hasta el momento no cumplen con una representación idónea del pueblo puertorriqueño.¿De que manera se hubiera afectado el desarrollo de política pública en Puerto Rico si se hubiera establecido un sistema unicameral? Relacionándolo con la época contemporánea y basándonos en la naturaleza egoísta del legislador de quedarse en el poder, este sistema unicameral no sería favorable en estos momentos en la isla por la simple razón de que los políticos en este país no están capacitados para tener más poder en un escaño legislativo.

            La Convención Constituyente creyó conveniente que se adoptará el sistema bicameral en la isla. El art. III de la Constitución es el que establece el poder legislativo. La sec. 1 de ese artículo dispone lo siguiente:

“El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras- el Senado y la Cámara de Representantes-cuyos miembros será elegidos por votación directa en cada elección general”[14].

            La representación política en Puerto Rico es un poco complicada. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la representación territorial(ajustada a los criterios poblacionales), la representación proporcional o por acumulación y la representación adicional. La representación territorial se establece con los ocho distritos senatoriales y cuarenta distritos representativos. Los legisladores de distritos son electos bajo el sistema mayoritario también conocido como “winner takes all”. Este sistema funciona saliendo electo el candidato con más votos. Por ejemplo en el distrito X el candidato del Partido A sacó 40% de los votos, el del Partido B 30% y el del Partido C 30%. Bajo este sistema el candidato del Partido A gana el escaño y pasa a representar en el cuerpo legislativo al 100% de la población electoral de ese distrito. Este sistema mayoritario tiende a expandir el poder de las mayorías y a disminuir el poder de las minorías. Este sistema mayoritario tiende a expandir el poder de la mayoría y a disminuir el poder de la minorías. Como vemos en Estados este sistema mayoritario tiende a crear gobiernos más estables pues al expandir el poder de la mayoría no dependen de coaliciones para gobernar como es el caso de la Cámara de Comunes del Parlamento del Reino Unido. Las coaliciones y su naturaleza pueden crear inestabilidad en el gobierno por que requieren de acuerdos entre partidos con diferentes intereses.

            La revisión de distritos senatoriales y representativos emana de la Sec. 4 del Art. III de la Constitución de Puerto Rico.[15]  Esta sección dispone que la división de los distritos senatoriales y representativos será revisada después de cada censo decenal a partir de 1960, por una Junta Constitucional de Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos. Esta junta estará compuesta por el Juez Presidente del Tribunal Supremo y dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consenso y consentimiento del Senado. Estos dos miembros no pueden pertenecer al mismo partido político.[16] La revisión que la Junta Constitucional haga después del censo mantendrá el número de distritos senatoriales en ocho, cada uno de los cuales estará compuesto de cinco distritos representativos.[17] Estos territorios estarán compuestos de territorios continuos y compactos, organizados en la medida que sea posible sobre la base de la población y medios de comunicación. La Junta Constitucional adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren después de cada revisión, quedando la Junta disuelta después de practicada la misma. Genialidad como disposición constitucional ya que la junta saca de las manos caprichosas de los legisladores la facultad de redistribución, sin la Asamblea Legislativa perder su prerrogativa Legislativa sobre esta ya que el Senado tiene que consentir en los nombramientos. Esta visión a mi entender reflejó la visión colectiva que se puede tener de un país y su democracia ejecutada por un excelente liderato político. Esta disposición es fuente de orgullo democrático en este país ya que permite y vela por que no vuelva a pasar lo que paso en 1900 con la creación del “jorobao” y el alegado fraude electoral de las elecciones de 1932.

            El Tribunal Supremo de Estados Unidos en diferentes ocasiones ha tomado la actitud de no intervenir en las redistribuciones por discrímenes políticos. [18]Esta actitud ha permitido a la mayoría atropellas a la minoría logrando que los incumbentes garanticen su re-elección en la redistribución electoral. Este fenómeno se ve representado en el Congreso de los Estados Unidos cuando vemos un grupo de legisladores que a través de los años siempre salen electos. El máximo foro federal ha reconocido que la igualdad matemática en la redistribución es imposible. Este foro ha expresado que los estados tienen que efectuar la redistribución para lograr la igualdad lo más cerca ideal posible. Esto requiere que el estado haga un esfuerzo de buena fe para lograr la igualdad matemática precisa. Si a pesar del intento surgen desviaciones el estado tiene que justificar las variaciones por más pequeñas que sean. 

            El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó que un plan de desviación en la redistribución de los distritos entre el 0 al 10% era viable constitucionalmente.[19] Si un estado se desvía por más de 10% en la redistribución de los distritos electorales, este tiene que justificar el método que se implantó en la redistribución. En Brown v. Thompson, 77 L.E.2d 214(1983), el tribunal tomó en consideración otros factores como la población y la cultura del estado para resolver que el plan de distribución implantado por el estado era constitucionalmente válido aunque tuviera una desviación de más de un 10%. Dicho todo esto podemos ver la importancia que tiene en nuestra democracia el sistema innovador que establecieron los padres de la constitución al diseñar el método por el cual se haría la redistribución electoral de los distritos.

            La representación proporcional en nuestra Asamblea Legislativa esta representada por los escaños de acumulación. Este sistema se incorporó en la isla gracias a la iniciativa de Muñoz Rivera como parte de la aprobación de la Ley Jones en 1917. Los escaños de acumulación cumplen con el propósito de asegurar la elección de legisladores que representen y reflejen los intereses de toda la comunidad a diferencia de un sector en específico. Los escaños de acumulación también facultan la elección de representantes de minoría ya que los partidos de minoría pueden usar estos escaños para postular varios de sus candidatos. Uno de los logros más grandes de la Constitución del 1952 fue el aumento a 11 escaños por acumulación en cada rama.

            Por último tenemos los escaños de acumulación por adición que otorga la famosa disposición constitucional conocida como la Clausula de la Minoría[20]. La Clausula de Minoría se activa cuando en alguna de las dos cámaras el partido de mayoría elige más de dos terceras partes de los miembros. Cuando esto ocurre el número de legisladores del partido de minoría se aumentan para asegurar que tengan una representación más proporcionada a su fuerza electoral. Para que un partido de minoría tenga derecho al aumento debe mantener su condición como partido político siendo indispensable obtener por lo menos el cinco por ciento de todo los votos omitidos por todos los partidos para el puesto de Gobernador.[21] Esta disposición constitucional opera de la siguientes maneras:[22]         1) cuando el partido de mayoría elige más de dos terceras partes de los miembros de alguna cámara, pero obtiene menos de dos terceras partes del total de votos emitidos para el cargo de gobernador, se aumenta el número de representantes de minoría hasta nueve en el Senado y diecisiete en la Cámara de Representantes; 2) cuando un partido elige más de dos terceras partes de los miembros de alguna cámara, pero también ha obtenido más de dos terceras partes del total de votos emitidos para el cargo de gobernador, y uno o más partidos de minoría no pudiera elegir miembros en proporción a los votos depositados por cada uno de ellos para el cargo de gobernador, se aumentarán sus representantes hasta completar esa representación proporcional siempre que los miembros de todos los partidos de minoría no sobrepasen de nueve en el Senado y diecisiete en la Cámara de Representantes.

            Al final de la Sección 7 del Artículo III se establece el método a utilizarse para tomar en consideración la selección de los candidatos adicionales de partidos de minoría. La disposición constitucional establece lo siguiente:

“….Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento con estas disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren obtenido y, en segundo término sus candidatos de distrito que, sin haber resultado electos, hubieren obtenido en sus respectivos distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos.”

En Fuster v. Busó, 102 DPR 327 (1974) el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de interpreter el alcance de esta dispoción constitucional. Se incoó una petición de mandamus en la que se solicitó al triubunal que ordenase a la Junta Estatal de Elecciones certificar a Roberto Sánchez Villea como candidato electo al cargo de representante por acumulación, alegando que obtuvo un mayor número de votos quue otros legisladores que fueron certificados como legisladores por acumulación. El Tribunal Supremo revocó al tribunal inferior y resolvió que no procedía la orden de certificación ya que al no lograr el Partido del Pueblo obtener cinco por ciento o más de los votos emitidos para los candidatos a gobernador, perdió el Sr. Sánchez Vilella el derecho de representación que le otorga a los partidos de minoría la disposición constitucional. Sostuvo el alto foro que no existe incompatibilidad entre el art. II, secs. 4 y 7, la sec. 4 del art. VI y la sec. 7 del art. II de nuestra Constitución. La sec. 7 del art. III es el vehículo que utilizaron los constituyentes para hacer realidad su dereso de garantizar representación en la asamblea legislativa de los partidos minoritarios.[23] Esta disposición solamente se activa cuando un partido obtiene más de 2/3 en una de las cámaras o en ambas.

Los sistemas mayoritarios[24]
1.     Representan distritos geográficos lo que brinda participación de las diferentes áreas del país
2.     Los escaños se ganan con la mayoría simple de votos y estos representan la totalidad del electorado de esa jurisdicción, es esa se le conoce como sistema de “winner takes all”
3.     Tiende a sobre representar la mayoría y restarle representación a la minoría
4.     Tiende al bipartidismo, pues el electorado se agrupa en los dos partidos con más posibilidades de triunfo abandonando sus primeras opciones cuando esos partidos son muy pequeños y se perciben sin posibilidades de ganar
5.     Puede dejar fuera del cuerpo legislativo a lideres cuyo escaño sea uno ganado por otro partido
6.     Tiende a empujar la política hacia el centro moderado, pues los votos decisivos están en las fronteras cercanas del adversario. Los votos del centro tienen un valor doble frente a los extremos que suman uno pero no restan del adversario principal

           

Los sistemas proporcionales[25]
1.     Tienden a ser un fiel reflejo de la opinión del electorado
2.     Tiende al multipartidismo, pues no hay incentivos a votar por los partidos grandes sino por las primeras opciones al elector
3.     Tienden a necesitar la formación de coaliciones para formar un gobierno con el cincuenta por ciento de los escaños requerido para aprobar legislación
4.     Tiende a dar más poder a los partidos pequeños que sus números de votos electorales, pues sus votos son necesarios para lograr la mayoría parlamentaria y pueden cambiar de aliados.
5.     Tienden a sobre representar a los grandes centros poblacionales en la selección de sus candidatos pues no tiene requisitos de dispersión geográfica.
6.     Tienden a crear gobiernos inestables, pues dependen de las coaliciones de varios partidos.

           






[1] De Diego et al. v. La Cámara de Delegados, 5 DPR 114 (1904).
[2] Durante la hegemonía republicana el Consejo Ejecutivo falló en aprobar varios proyectos de la Cámara de Delegados que causaron grande problemas económicos a la isla. Durante la hegemonía unionista vimos como los problemas se intensificaron. Se suponía que el gobierno de la Ley Foraker fuera uno transicional pero duró 17 años.
[3] Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45 (1986)
[4] Arrigoitia. Delma S. José de Diego, el legislador: su visión de Puerto Rico en la historia (1903-1918). Instituto de Cultura Puertorriqueña. San Juan, P.R. 1991. Pág. 461-472
[5] La Democracia, 15 de marzo de 1912
[6] Íbid.
[7] Bayron Toro. Fernando. op. cit., Pág. 237-244
[8] HR. 7674
[9] S. 3336
[10] Pagán. Bolívar. Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños. 1898-1956. Tomo II. De la Academia Puertorriqueña de Historia. San Juan, P.R.  1972. Pág. 305
[11] El ala independentista no participó de la Asamblea Constituyente. Hubiera sido interesante ver que tipo de propuesta hubieran llevado a la mesa de la Asamblea Constituyente, a pesar de que estaban en contra del proceso. Es importante recalcar que este partido en esta época era el segundo más grande en la isla.
[13] La Nueva Constitución de Puerto Rico. 1954. Pág. 262-299
[14] Const. E.L.A., art. III, sec. 1
[15] Const. E.L.A., art. III, sec. 4
[16] Informe complementario de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, IV Diario de Sesiones. Pág. 2592
[17] Const. E.L.A., art. III, sec. 3
[18] Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); revocado por Vieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 (2004)
[19] DUNN, GOVERNOR OF TENNESSEE, ET AL v. BLUMSTEIN, 405 U.S. 330 (1972); Martson v. Lewis, 410 US 679(1973); Burns v. Fortson, 410 U.S. 686 (1973); Bayrón Toro. Fernando. La jurisprudencia norteamericana sobre redistribución electoral y su posible aplicación en Puerto Rico. Revista de Derecho Puertorriqueño. Vol. 23. Núm. 88-89. 1983-1984. Pág. 31
[20] Const. E.L.A., art. III, sec. 7
[21] Ley Núm 1 del 3 de Julio de 1951
[22] R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra. Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1. Pág. 31.
[23] Íbid. 32; Para ver el enfasis que le dieron los padres de la constitución a la Clausula de la minoría y como este derecho es para los partidos o no para el candidato y su efecto en la política pública ver: Diario de las Sesiones Constituyente de la Convención Constituyente de Puerto Rico. ed. Equity, 1961, Tomo 3, págs. 2025-2056.
[24] Acevedo. Hectos Luis. La democracia puertorriqueña y su sistenma electoral. Pág. 8
[25] Íbid