(Este trabajo fue parte de una investigación hecha el semestre pasado para el Taller de Gobierno y Política Pública de la Escuela de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico)
Bajo
el sistema de la Ley Foraker no existió ninguna disposición que designara el
procedimiento a seguir en caso de una vacante legislativa. Como vimos
anteriormente, el Partido Federal a pesar de su resarcimiento en las elecciones
de 1902 lograron ganar dos distritos para un total de 10 delegados. En el año
1904 José de Diego y otros nueves delegados solicitaron una orden de mandamus
al tribunal para que obligara a la Cámara de Delegados a llevar unas vacantes.[1]
De Diego argumentaba que la sección 210 del Código Político vigente en la época
y aprobado en el binomio anterior disponía que después de cinco días ausentes
corridos se tenía que expulsar el delegado. El Tribunal Supremo denegó la
solicitud basándose en que el Speaker de la Cámara de Delegados tiene la
facultad de llenar las vacantes y no lo hizo, rechazando la moción solicitada
por José de Diego en el pleno del hemiciclo. El Tribunal Supremo añadió que
cada rama tiene la capacidad para establecer las reglas internad que regirán en
el proceso legislativo de ésta. Tampoco
bajo el sistema de la Ley Foraker se disponía de una norma que garantizara la
participación y representación de la minoría en el debate publico. Por eso
durante esta época tuvimos el periodo de hegemonía republicana y el periodo de
hegemonía unionista.
Al
no existir representación de minoría el partido en poder tenía libertad para
impulsar sus programas legislativos. Más aún cuando eran el único cuerpo que
representaba directamente la voluntad del pueblo a través del sufragio electoral.[2]
Durante esa época a pesar del control de un solo partido la tarea fue buen
cuesta arriba. Muchos de los delegados retiraban sus propuestas de tantas
enmiendas que le hacía el Consejo Ejecutivo. A pesar de no contar con
representación de minoría en el hemiciclo de la Cámara de Delegados, esta
cámara y el Consejo Ejecutivo tenían a su disposición varios comités
legislativos en donde si había representación de la minoría.[3]
Una
de las leyes transcendentales de gran importancia para garantizar derechos a
los ciudadanos en Puerto Rico fue la ley para la representación de los partidos
minoritarios[4].
La ley era para darle acceso a los partidos minoritarios a la Cámara de
Delegados permitiendo que éstos tuvieran la oportunidad de llevar sus puntos de
vista ante la legislatura y mantener una efectiva fiscalización sobe el proceso
legislativo. El proyecto fue aprobado el 4 de marzo de 1912. Este proyecto fue
de la autoría de José de Diego. El prócer señalo que este proyecto abriría las
puertas de la Asamblea Legislativa a todos los combatientes en la lucha
política por la dignidad y por la felicidad de Puerto Rico.
…”¿Quién
puede ser culpado dentro de la pureza del derecho constitucional moderno de que
un solo partido controle la asamblea legislativa?”[5]
Antes
de la aprobación de esta ley, el Partido Unión de Puerto Rico había ganado
completamente la composición de los escaños en la Cámara de Delegados. Esa
misma noche en un discurso elocuente expresó lo siguiente:
“Seamos justos y proclamemos y
corrijamos el error del adversario, abriéndole las puertas de este Recinto, en
plena paz, como se abrían las puertas de Jano para todas las gentes vencidas y
vencedoras, a la terminación de los conflictos bélicos. Y conste señores, que
no lo hacemos por un ridículo alarde de generosidad, que no será esta ley como
dádiva concedida a los adversarios, que así será indigno nosotros el otorgarlo
y de ellos el recibirlo. Estaría en nuestras manos cerrar estas puertas, las
cerraríamos legalmente sí, pero injustamente. Abramos las puertas al que las
cerró y entren aquí todos los hermanos, todos los correligionarios, en la
suprema religión de la patria y, en estos días de crisis dolorosa, venga aquí
todos a contribuir con su filial esfuerzo a la salvación de la madre puertorriqueña…”
Las
elecciones de 1913 se celebraron bajo las provisiones de la ley de minorías. En
1912 la delegación republicana electa bajo esta ley no se presentó a la Cámara
de Delegados. El 28 de enero de 1913, Herminio Díaz Navarro le propuso a la
Cámara de Delegados a que obligara a los delegados a acudir a la Cámara o a
excusarlos.
“…Deseo que se afirme de moto
categórico por la Cámara si son dueños de retirarse o deben de comparecer en
cumplimiento de sus deberes cívicos a prestar su concurso a la patria que los
designa.”[6]
Esta
ausencia de los delegados republicanos provocó una serie de debates
interesantes en la Cámara de Delegados. Al final De Diego propuso que no se
decidiese nada sobre el asunto, si los delegados de la minoría decidían venir,
se les recibiría afectuosamente, si por el contrario preferían no acudir
permanecerían sus asientos vacíos. La abstención del Partido Republicano en la
época para los delegados de la Cámara, y en espacial para José de Diego,
significa el rechazo directo del mandato de 50,000 republicanos que votaron en
total por el Partido Republicano Puertorriqueño.
“Mantengamos esos puestos vacíos; si el
último día de esta legislatura se presentara uno de esos delegados, nunca en mi
vida habría levantado mi mano con más gusto para recibir un juramento que en
aquella ocasión.”
El
proyecto de Diego para darle participación a las minorías es sin lugar a duda
uno de gran importancia. Al analizar el discurso del legislador en pro de este
proyecto podemos ver un extenso análisis de la historia política hasta ese
momento hecha desde la perspectiva de sus ojos. La verdadera historia política
de Puerto Rico según José de Diego. Este proyecto de ley de sirvió de
precedente para la creación de los escaño de acumulación cabildeados por Muñoz
Rivera en el Congreso.
La Ley Jones contó con disposiciones
que expresaban el proceso a seguir de ocurrir una vacante legislativa en el
Senado o en la Cámara de Representantes. Los escaños de acumulación se originan
con la aprobación de la Ley Jones. En esa época los escaños por acumulación
abrieron las puertas para que la minoría política participara del debate
legislativo. Los puertorriqueños no eligieron a su gobernador a través del
sufragio universal hasta el 1948, por lo tanto esos escaños de acumulación no
tan solo permitieron la fiscalización de la minoría al partido de mayoría, sino
también permitieron la fiscalización de la minoría al gobernador que todavía
era nombrado por el presidente de los EEUU. Los puestos de acumulación al ser
elegidos por lista a nivel isla, cada elector votando solamente por uno, le da
la oportunidad a los que ocupan los escaños de representar una comunidad en
especifico a nivel isla en vez de una comunidad de ese partido a nivel de un
solo distrito.
En
las elecciones del 1948 el Partido Popular Democrático eligió los 14 senadores
de lo.s 7 distritos representativos, los 35 representantes de los 7 distritos
representativos, 3 senadores por acumulación y 3 representantes por
acumulación.[7]
Luis Muñoz Marin estaba preocupado por la composición de la Asamblea
Legislativa ya que durante este periodo hubo bien poca representación de la
minoría. Muñoz Marin y otros miembros del PPD querían encontrar una manera en
donde la Constitución velara por los partidos de minoría. Es decir querían
crear una disposición que garantizara la representación de la minoría política
en el debate público. Los miembros del PPD entendían que la fiscalización de la
minoría era vital para el proceso legislativo y la democracia puertorriqueña.
El
13 de marzo de 1950, el Comisionado Residente Dr. A. Fernós Isern presentó en
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el proyecto para un gobierno
constitucional en Puerto Rico.[8]
El 31 de marzo de 1950, los senadores O’Mahoney y Butler presentaron en el
Senado un proyecto análogo al de la Cámara.[9]
El 3 de julio de 1950, el Presidente de los Estados Unidos firmó el proyecto
creando lo que hoy conocemos como la famosa Ley 600. Las elecciones de los
delegados de la Constituyente se celebraron el 27 de agosto de 1951. Como
resultado de esta votación, el Partido Popular Democrático dominaría las
decisiones de la Convención Constituyente, habiendo electo de su afiliación
setenta delegados de los noventa y dos que fueron electos para constituir la
convención.[10]
De los otros veintidós delegados, quince fueron electos por el Partido
Estadista y siete por el Partido Socialista.[11]
El 17 de septiembre de 1951 bajo la presidencia del Hon. Roberto H. Todd Jr,
juez presidente del Tribual Supremo de Puerto Rico, se celebró la sesión
inaugural de la Asamblea Constituyente. En esta sesión inaugural los delegados
pasaron a escoger los funcionarios principales. El Dr. Antonio Fernós Isern fue
escogido presidente; María Libertad Gómez, primer vicepresidente, y Víctor Gutiérrez
Franqui, segundo vicepresidente y portavoz de la mayoría.
Nos
cuenta el ilustre Trías Monge que dentro del seno de los delegados en la
Convención Constituyente había un grupo que favorecía la bicameralidad y otro
la unicameralidad. El grupo que favorecía el sistema bicameral estaba compuesto
por los delegados Muñoz Marín, Fernós Isern, Negrón López(Presidente de la
Comisión Legislativa), Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones y Gutiérrez Franqui.
El grupo que favorecía el sistema unicameral estaba compuesto por los delegados
Benítez, Dávila, Alvarado, Mellado, y Brunet. En total se presentaron tres
proposiciones acerca de la composición de la Asamblea Legislativa[12]
La Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico
recomendó a la Convención Constituyente que se adoptara el sistema unicameral.[13]
En su informe esbozó las razones por la cual un sistema unicameral sería mejor
en Puerto Rico que un sistema bicameral, argumentando en contra de los
principales argumentos a favor del sistema bicameral. En síntesis el informe
señala que no está comprobado científicamente que una ley se mejora al pasar
por el debate en dos cámaras. La naturaleza disciplinada de los partidos
políticos puertorriqueños y la creciente demanda por una mayor representación
funcional y territorial podrían expresarse en forma adecuada a través de un
sistema unicameral. En este argumento en especifico mencionan como bajo un
sistema unicameral los puestos por acumulación se pueden aumentar
significativamente para lograr una mayor representación proporcional de la
isla. Mencionan que los escaños por acumulación vigentes hasta el momento no
cumplen con una representación idónea del pueblo puertorriqueño.¿De que manera
se hubiera afectado el desarrollo de política pública en Puerto Rico si se
hubiera establecido un sistema unicameral? Relacionándolo con la época
contemporánea y basándonos en la naturaleza egoísta del legislador de quedarse
en el poder, este sistema unicameral no sería favorable en estos momentos en la
isla por la simple razón de que los políticos en este país no están capacitados
para tener más poder en un escaño legislativo.
La
Convención Constituyente creyó conveniente que se adoptará el sistema bicameral
en la isla. El art. III de la Constitución es el que establece el poder
legislativo. La sec. 1 de ese artículo dispone lo siguiente:
“El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea
Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras- el Senado y la Cámara de
Representantes-cuyos miembros será elegidos por votación directa en cada
elección general”[14].
La
representación política en Puerto Rico es un poco complicada. La Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la representación
territorial(ajustada a los criterios poblacionales), la representación
proporcional o por acumulación y la representación adicional. La representación
territorial se establece con los ocho distritos senatoriales y cuarenta
distritos representativos. Los legisladores de distritos son electos bajo el
sistema mayoritario también conocido como “winner takes all”. Este sistema
funciona saliendo electo el candidato con más votos. Por ejemplo en el distrito
X el candidato del Partido A sacó 40% de los votos, el del Partido B 30% y el
del Partido C 30%. Bajo este sistema el candidato del Partido A gana el escaño
y pasa a representar en el cuerpo legislativo al 100% de la población electoral
de ese distrito. Este sistema mayoritario tiende a expandir el poder de las
mayorías y a disminuir el poder de las minorías. Este sistema mayoritario
tiende a expandir el poder de la mayoría y a disminuir el poder de la minorías.
Como vemos en Estados este sistema mayoritario tiende a crear gobiernos más
estables pues al expandir el poder de la mayoría no dependen de coaliciones
para gobernar como es el caso de la Cámara de Comunes del Parlamento del Reino
Unido. Las coaliciones y su naturaleza pueden crear inestabilidad en el
gobierno por que requieren de acuerdos entre partidos con diferentes intereses.
La
revisión de distritos senatoriales y representativos emana de la Sec. 4 del
Art. III de la Constitución de Puerto Rico.[15] Esta sección dispone que la división de los
distritos senatoriales y representativos será revisada después de cada censo
decenal a partir de 1960, por una Junta Constitucional de Revisión de los
Distritos Senatoriales y Representativos. Esta junta estará compuesta por el
Juez Presidente del Tribunal Supremo y dos miembros adicionales nombrados por
el Gobernador con el consenso y consentimiento del Senado. Estos dos miembros
no pueden pertenecer al mismo partido político.[16]
La revisión que la Junta Constitucional haga después del censo mantendrá el
número de distritos senatoriales en ocho, cada uno de los cuales estará
compuesto de cinco distritos representativos.[17]
Estos territorios estarán compuestos de territorios continuos y compactos,
organizados en la medida que sea posible sobre la base de la población y medios
de comunicación. La Junta Constitucional adoptará sus acuerdos por mayoría y
sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren
después de cada revisión, quedando la Junta disuelta después de practicada la
misma. Genialidad como disposición constitucional ya que la junta saca de las
manos caprichosas de los legisladores la facultad de redistribución, sin la
Asamblea Legislativa perder su prerrogativa Legislativa sobre esta ya que el
Senado tiene que consentir en los nombramientos. Esta visión a mi entender
reflejó la visión colectiva que se puede tener de un país y su democracia ejecutada
por un excelente liderato político. Esta disposición es fuente de orgullo
democrático en este país ya que permite y vela por que no vuelva a pasar lo que
paso en 1900 con la creación del “jorobao” y el alegado fraude electoral de las
elecciones de 1932.
El
Tribunal Supremo de Estados Unidos en diferentes ocasiones ha tomado la actitud
de no intervenir en las redistribuciones por discrímenes políticos. [18]Esta
actitud ha permitido a la mayoría atropellas a la minoría logrando que los
incumbentes garanticen su re-elección en la redistribución electoral. Este
fenómeno se ve representado en el Congreso de los Estados Unidos cuando vemos
un grupo de legisladores que a través de los años siempre salen electos. El
máximo foro federal ha reconocido que la igualdad matemática en la
redistribución es imposible. Este foro ha expresado que los estados tienen que
efectuar la redistribución para lograr la igualdad lo más cerca ideal posible.
Esto requiere que el estado haga un esfuerzo de buena fe para lograr la igualdad
matemática precisa. Si a pesar del intento surgen desviaciones el estado tiene
que justificar las variaciones por más pequeñas que sean.
El
Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó que un plan de desviación en la
redistribución de los distritos entre el 0 al 10% era viable
constitucionalmente.[19]
Si un estado se desvía por más de 10% en la redistribución de los distritos
electorales, este tiene que justificar el método que se implantó en la
redistribución. En Brown v. Thompson, 77
L.E.2d 214(1983), el tribunal tomó en consideración otros factores como la
población y la cultura del estado para resolver que el plan de distribución
implantado por el estado era constitucionalmente válido aunque tuviera una
desviación de más de un 10%. Dicho todo esto podemos ver la importancia que
tiene en nuestra democracia el sistema innovador que establecieron los padres
de la constitución al diseñar el método por el cual se haría la redistribución
electoral de los distritos.
La
representación proporcional en nuestra Asamblea Legislativa esta representada
por los escaños de acumulación. Este sistema se incorporó en la isla gracias a
la iniciativa de Muñoz Rivera como parte de la aprobación de la Ley Jones en
1917. Los escaños de acumulación cumplen con el propósito de asegurar la
elección de legisladores que representen y reflejen los intereses de toda la
comunidad a diferencia de un sector en específico. Los escaños de acumulación
también facultan la elección de representantes de minoría ya que los partidos
de minoría pueden usar estos escaños para postular varios de sus candidatos.
Uno de los logros más grandes de la Constitución del 1952 fue el aumento a 11
escaños por acumulación en cada rama.
Por
último tenemos los escaños de acumulación por adición que otorga la famosa
disposición constitucional conocida como la Clausula de la Minoría[20].
La Clausula de Minoría se activa cuando en alguna de las dos cámaras el partido
de mayoría elige más de dos terceras partes de los miembros. Cuando esto ocurre
el número de legisladores del partido de minoría se aumentan para asegurar que
tengan una representación más proporcionada a su fuerza electoral. Para que un
partido de minoría tenga derecho al aumento debe mantener su condición como
partido político siendo indispensable obtener por lo menos el cinco por ciento
de todo los votos omitidos por todos los partidos para el puesto de Gobernador.[21]
Esta disposición constitucional opera de la siguientes maneras:[22] 1) cuando
el partido de mayoría elige más de dos terceras partes de los miembros de
alguna cámara, pero obtiene menos de dos terceras partes del total de votos
emitidos para el cargo de gobernador, se aumenta el número de representantes de
minoría hasta nueve en el Senado y diecisiete en la Cámara de Representantes; 2) cuando
un partido elige más de dos terceras partes de los miembros de alguna cámara,
pero también ha obtenido más de dos terceras partes del total de votos emitidos
para el cargo de gobernador, y uno o más partidos de minoría no pudiera elegir
miembros en proporción a los votos depositados por cada uno de ellos para el
cargo de gobernador, se aumentarán sus representantes hasta completar esa
representación proporcional siempre que los miembros de todos los partidos de
minoría no sobrepasen de nueve en el Senado y diecisiete en la Cámara de
Representantes.
Al
final de la Sección 7 del Artículo III se establece el método a utilizarse para
tomar en consideración la selección de los candidatos adicionales de partidos
de minoría. La disposición constitucional establece lo siguiente:
“….Para seleccionar
los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento con estas
disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por
acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que
hubieren obtenido y, en segundo término sus candidatos de distrito que, sin
haber resultado electos, hubieren obtenido en sus respectivos distritos
respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en
relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos
no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos.”
En
Fuster v. Busó, 102 DPR 327 (1974) el
Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de interpreter el alcance
de esta dispoción constitucional. Se incoó una petición de mandamus en la que
se solicitó al triubunal que ordenase a la Junta Estatal de Elecciones
certificar a Roberto Sánchez Villea como candidato electo al cargo de
representante por acumulación, alegando que obtuvo un mayor número de votos
quue otros legisladores que fueron certificados como legisladores por
acumulación. El Tribunal Supremo revocó al tribunal inferior y resolvió que no
procedía la orden de certificación ya que al no lograr el Partido del Pueblo
obtener cinco por ciento o más de los votos emitidos para los candidatos a
gobernador, perdió el Sr. Sánchez Vilella el derecho de representación que le
otorga a los partidos de minoría la disposición constitucional. Sostuvo el alto
foro que no existe incompatibilidad entre el art. II, secs. 4 y 7, la sec. 4
del art. VI y la sec. 7 del art. II de nuestra Constitución. La sec. 7 del art.
III es el vehículo que utilizaron los constituyentes para hacer realidad su
dereso de garantizar representación en la asamblea legislativa de los partidos
minoritarios.[23]
Esta disposición solamente se activa cuando un partido obtiene más de 2/3 en
una de las cámaras o en ambas.
Los
sistemas mayoritarios[24]
1. Representan
distritos geográficos lo que brinda participación de las diferentes áreas del
país
2. Los
escaños se ganan con la mayoría simple de votos y estos representan la
totalidad del electorado de esa jurisdicción, es esa se le conoce como sistema
de “winner takes all”
3. Tiende
a sobre representar la mayoría y restarle representación a la minoría
4. Tiende
al bipartidismo, pues el electorado se agrupa en los dos partidos con más
posibilidades de triunfo abandonando sus primeras opciones cuando esos partidos
son muy pequeños y se perciben sin posibilidades de ganar
5. Puede
dejar fuera del cuerpo legislativo a lideres cuyo escaño sea uno ganado por
otro partido
6. Tiende
a empujar la política hacia el centro moderado, pues los votos decisivos están
en las fronteras cercanas del adversario. Los votos del centro tienen un valor
doble frente a los extremos que suman uno pero no restan del adversario
principal
Los sistemas proporcionales[25]
1. Tienden
a ser un fiel reflejo de la opinión del electorado
2. Tiende
al multipartidismo, pues no hay incentivos a votar por los partidos grandes
sino por las primeras opciones al elector
3. Tienden
a necesitar la formación de coaliciones para formar un gobierno con el
cincuenta por ciento de los escaños requerido para aprobar legislación
4. Tiende
a dar más poder a los partidos pequeños que sus números de votos electorales,
pues sus votos son necesarios para lograr la mayoría parlamentaria y pueden
cambiar de aliados.
5. Tienden
a sobre representar a los grandes centros poblacionales en la selección de sus
candidatos pues no tiene requisitos de dispersión geográfica.
6. Tienden
a crear gobiernos inestables, pues dependen de las coaliciones de varios
partidos.
[2] Durante la hegemonía republicana el Consejo Ejecutivo falló en
aprobar varios proyectos de la Cámara de Delegados que causaron grande
problemas económicos a la isla. Durante la hegemonía unionista vimos como los
problemas se intensificaron. Se suponía que el gobierno de la Ley Foraker fuera
uno transicional pero duró 17 años.
[4] Arrigoitia. Delma S. José
de Diego, el legislador: su visión de Puerto Rico en la historia (1903-1918).
Instituto de Cultura Puertorriqueña. San Juan, P.R. 1991. Pág. 461-472
[10] Pagán. Bolívar. Historia de
los Partidos Políticos Puertorriqueños. 1898-1956. Tomo II. De la Academia
Puertorriqueña de Historia. San Juan, P.R.
1972. Pág. 305
[11] El ala independentista no participó de la Asamblea Constituyente.
Hubiera sido interesante ver que tipo de propuesta hubieran llevado a la mesa
de la Asamblea Constituyente, a pesar de que estaban en contra del proceso. Es
importante recalcar que este partido en esta época era el segundo más grande en
la isla.
[12]Proposiciones #210, #227, #316 http://academiajurisprudenciapr.org/new/publicaciones/proposiciones-y-resoluciones-3/
[16] Informe complementario de la Comisión de la Rama Legislativa de
la Convención Constituyente, IV Diario de
Sesiones. Pág. 2592
[19] DUNN, GOVERNOR OF TENNESSEE, ET AL v. BLUMSTEIN, 405 U.S. 330
(1972); Martson v. Lewis, 410 US
679(1973); Burns v. Fortson, 410 U.S. 686
(1973); Bayrón Toro. Fernando. La jurisprudencia norteamericana sobre
redistribución electoral y su posible aplicación en Puerto Rico. Revista de
Derecho Puertorriqueño. Vol. 23. Núm. 88-89. 1983-1984. Pág. 31
[22] R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra. Aprobación e interpretación de las leyes en
Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1. Pág. 31.
[23] Íbid. 32; Para ver
el enfasis que le dieron los padres de la constitución a la Clausula de la
minoría y como este derecho es para los partidos o no para el candidato y su
efecto en la política pública ver: Diario
de las Sesiones Constituyente de la Convención Constituyente de Puerto Rico. ed.
Equity, 1961, Tomo 3, págs. 2025-2056.
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